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Mejorar las condiciones de habitabilidad y salubridad de las viviendas campesinas para mejorar las condiciones de vida de las familias indígenas del Valle del Cusco. Con este simple enunciado se puede resumir el propósito de la nueva intervención iniciada en la región andina con el apoyo económico de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional al Desarrollo (AACID).

El mapa de la pobreza y exclusión en Perú está trazado sobre coordenadas geográficas y étnicas. El 60% de los pobres y el 83% de los indigentes viven en las áreas rurales y provienen mayoritariamente de poblaciones originarias de las etnias andinas y amazónicas. Uno de los principales factores que inciden en las condiciones de vida de esta población tiene que ver con la precariedad de sus viviendas debido a factores diversos.

En primer lugar las viviendas son construidas por las propias familias sin contar con asistencia técnica especializada lo que pone en riesgo la seguridad física y el confort de las personas generando mayor vulnerabilidad a riesgos geodinámicos (deslizamientos, aluviones e inundaciones),terremotos (más aún cuando Perú se ubica sobre una falla geológica) y filtraciones de agua. Además, en este proceso de autoconstrucción se prescinde de servicios higiénicos adecuados, de ambientes separados funcionalmente por ausencia de referentes culturales y de un apropiado confort térmico, pese a las potencialidades existentes como la radiación solar en los andes. Así, las viviendas se tornan en ambientes fríos, oscuros y húmedos, donde proliferan gérmenes y bacterias que atentan contra la salud de sus ocupantes, en especial de los niños y niñas.

A estas deficiencias arquitectónicas se les suman las inadecuadas prácticas de higiene y limpieza asociadas al hacinamiento en el uso de los ambientes (un solo dormitorio compartido por padres e hijos), la cohabitación de personas y animales menores (como cobayas y gallinas), la proliferación de humos contaminantes producto de la combustión de la leña utilizada en fogones inadecuados, la escasa ventilación y asolamiento y los cambios bruscos de temperatura.

En tercer lugar, los limitados ingresos económicos de las familias campesinas que impiden desarrollar inversiones para la mejora de las viviendas y pone en riesgo la seguridad alimentaria, siendo asimismo causa relevante para la migración de la población rural hacia las ciudades con el consiguiente deterioro permanente de la calidad de vida de las personas indígenas. El trabajo en el campo no resulta rentable por falta de productividad debido a las limitadas políticas de apoyo al agro peruano, la atomización de las tierras, el limitado capital financiero y a la carencia de técnicas y tecnologías de producción innovadoras.

Finalmente, las limitadas capacidades de los hombres y mujeres indígenas para generar propuestas en la demanda de una vivienda digna ante las autoridades competentes. La población indígena es permanentemente vulnerada en sus derechos ciudadanos debido a los altos niveles de analfabetismo existentes, las pocas oportunidades para expresar sus necesidades, el conformismo y la perdida de esperanza frente a una recurrente ausencia y abandono por parte del Estado.

Los efectos de los problemas identificados se reflejan en el aumento de la vulnerabilidad que sufren, sobre todo mujeres y niños, debido a que se exponen a habitar durante más tiempo viviendas inseguras, ambientes contaminados y vulnerables a las enfermedades diarreicas agudas, infecciones respiratorias agudas, enfermedades a la piel, infecciones de la vista por los humos, etc. Así mismo, los problemas existentes se reflejan en la baja autoestima y escaso reconocimiento familiar y comunal al papel de la mujer, por su escasa generación de ingresos monetarios y su limitada capacidad propositiva.

Frente a esta problemática, la presente intervención pretende mejorar las condiciones de habitabilidad de las viviendas de la población indígena mediante el desarrollo de sus capacidades y habilidades y la utilización tecnologías tradicionales mejoradas. Desde la tradicional organización comunal, se capacitará a las familias en la recuperación de prácticas de construcción ancestrales seguras, ecoeficientes y saludables con innovaciones sencillas que incorporen el uso de la energía solar, el reforzamiento estructural, la redistribución funcional de ambientes, la ventilación, la instalación de servicios higiénicos y cocinas mejoradas. Asimismo, se apoyará a la familia, en particular a la mujer, en la instalación de infraestructura y equipamiento para la producción de cuyes separados de las personas lo que reducirá su mortalidad e incrementará la producción cárnica y reproductiva y los ingresos familiares que podrán ser destinados al mejoramiento en la vivienda. Finalmente, se promoverán espacios de concertación a través de distintos mecanismos institucionales de participación para generar y desarrollar acciones para la incidencia en las políticas públicas de acceso a una vivienda rural con dignidad.

El enfoque estratégico de la intervención contempla diversos sistemas de capacitación para debatir y transferir habilidades e instrumentos para el mejoramiento de las condiciones de habitabilidad y salubridad de las familias de la Mancomunidad del Valle Sur de Cusco, y apuntará a disminuir las brechas de exclusión étnica cultural, socio económica y de género.

El pasado 28 de enero se celebró el acto de inauguración y entrega de la nueva fábrica para la elaboración de quesos de Saraguro (Ecuador).

Este proyecto cuenta con una subvención de la Diputación de Córdoba de cerca de 40 mil euros y un aporte local, principalmente del gobierno local, de 33 mil euros, y beneficia directamente a más de 30 familias socias de la Asociación de Ganaderos de Saraguro.

Las nuevas instalaciones construidas y equipadas con la financiación de la Diputación de Córdoba, a través de la Fundación Social Universal, y del Municipio Intercultural de Saraguro nacen con el objetivo de mejorar la calidad y competitividad en los mercados de la producción ganadera y de los derivados de la leche.

Sobre una superficie de 140 metros cuadrados, distribuidos en varias salas, se desarrollará todas actividades productivas, de administración empresarial y comercialización: recepción de la materia prima, procesamiento de la leche, empaquetado del producto transformado y almacenamiento en frio, almacén de materiales e insumos de la microempresa, laboratorio, sala de reuniones, administración y exposición de los productos procesados. La nueva infraestructura supone una inversión total aproximada de 30 mil euros, incluida la obra y acondicionamiento de un tienda cafetería anexa para la exposición y venta de los productos.

De la mano del alcalde del gobierno de Saraguro, Abel Sarango, y en compañía de los representantes del gobierno provincial, de la Federación Interprovincial de Indígenas Saraguros, de los dirigentes de las comunidades campesinas del cantón y de nuestra contraparte local, la Fundación Kawsay, el presidente de la Asociación Cantonal de Ganaderos Saraguro, Julio Morocho, recibió la transferencia de la nueva planta industrial de elaboración de quesos.

En total, unas trescientas personas pudieron ser testigos de este importante acontecimiento que, en palabras del presidente de la asociación de ganaderos, supone un hito histórico después de 17 años carentes de apoyo técnico, financiero e institucional, a pesar de constituir la principal fuente de ingresos para la economía de muchas de estas familias. Por fin, después de un año, donde se ha debido superar el desánimo ante la multitud de trabas administrativas, el sueño de contar con una microempresa adecuada para la fabricación y venta de quesos se ha hecho realidad, comentaba el socio Nicolás Tene. Por su parte, el alcalde municipal apuntó que el futuro de la planta y de la microempresa depende de sus socios, lo que “requiere de mucha iniciativa, compromiso y dedicación de cada miembro de la asociación para que este proyecto siga adelante”. Para este gobierno local, “este proyecto supone una primera experiencia de trabajo en coordinación con la cooperación internacional, que se espera pueda sumar nuevas iniciativas en el futuro en la medida de las posibilidades.”

Paralelamente al componente constructivo, el presente proyecto está incidiendo en el fortalecimiento institucional de la Asociación de Ganaderos de Saraguro, la mejora del manejo de las fincas ganaderas, el desarrollo de las productivas y empresariales adecuadas para la producción de quesos en cumplimiento de la normativa técnica y sanitaria aplicable y en el conocimiento e impulso de los mecanismos de promoción y comercialización de los productos derivados de la leche.

Esta área municipal, que durante el pasado año estrenó la figura de la orientadora laboral, atendió un total de 4.211 personas

Los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Montilla incrementaron hasta los 45.257 euros las prestaciones económicas ofrecidas a lo largo de 2012 en concepto de ayudas familiares y de emergencia social. Este aumento representa una subida del 45% con respecto a esta misma partida del año anterior (31.407 euros), beneficiando a un total de 786 personas, agrupadas en 237 unidades familiares.

El encargado de dar a conocer estas cifras ha sido el teniente de alcalde de Promoción Social, José Repiso, durante la presentación de la memoria anual de gestión de Servicios Sociales. En su intervención, Repiso valoró la “estrecha colaboración” iniciada y mantenida con la Asamblea Local de Cruz Roja y la asociación Buen Samaritano con especial incidencia en lo relacionado con el reparto de comida o kits de higiene infantil.

Según desveló el responsable político de esta área, “tanto el número de familias como de personas beneficiarias del reparto de alimentos por parte de estas entidades se ha duplicado respecto al año anterior”, destacando igualmente “el notable incremento” en el número de familias españolas beneficiarias de esta prestación, que “suponen un 72,65% del total”.

Estos casos de emergencia social se incluyen en el balance general del año 2012 de los Servicios Sociales Municipales, por cuyo centro de la calle Altillos pasaron 4.211 personas mediante el sistema de cita previa. Estadísticamente, esa cifra significa un aumento en 400 usuarios.

José Repiso quiso destacar los resultados obtenidos por el Equipo de Tratamiento Familiar y Servicio de Mediación, que se ha consolidado, con un notable incremento de casos atendidos, como “un sistema de resolución pacífica de conflictos” al que los vecinos acuden de forma voluntaria o por derivación judicial.

Asimismo, en su balance el edil montillano subrayó los datos relativos a la orientación, capacitación e inserción laboral. En este sentido, el año pasado el equipo técnico del centro de Servicios Sociales se vio ampliado con una orientadora laboral. “Entendíamos que esta figura, nueva para este Ayuntamiento, era necesaria a tenor de la especial situación de dificultad económica y laboral que afecta a todos los ámbitos de la vida familiar y social de las personas, coincidiendo además con la supresión del programa Andalucía Orienta de la Junta de Andalucía”, aclaró.

Desde este servicio de orientación laboral, que cerró el año 2012 con 309 entrevistas de tutorización de búsqueda activa de empleo, se han canalizado los 99 contratos laborales realizados por circunstancias sociofamiliares para puestos temporales de poca cualificación y los 12 contratos ofertados por empresas como Fepamic o Clece.

La memoria de gestión de Servicios Sociales incluye también los datos de los módulos ocupacionales, en los que han intervenido 60 personas becadas con un índice de contratación posterior del 60%, y los huertos sociales ecológicos, donde cinco familias seleccionadas con criterios sociales participan a las órdenes de un monitor voluntario de la Asamblea de Mayores.

Disminución de los recursos de dependencia

En cuanto a los datos registrados en el campo de la dependencia, el teniente de alcalde de Promoción Social quiso denunciar públicamente “la paralización de nuevas valoraciones desde el mes de mayo respecto a la Ley de Dependencia, así como la paralización de resoluciones para concesión o cambio de recursos en personas ya valoradas desde junio”.

A juicio de Repiso, esta circunstancia ha supuesto “un gran malestar entre las personas demandantes de dependencia y la necesidad de cubrir mediante recursos municipales, especialmente ayuda a domicilio, situaciones de emergencia”.

En este sentido, el balance de gestión arroja para el año 2012 un montante de 98.000 horas prestadas vía dependencia, por las 111.000 horas registradas el año anterior, repercutiendo esta disminución en “la imposibilidad de incluir nuevos casos en la ayuda a domicilio municipal que está actualmente cubriendo situaciones que debieran ser atendidas a través de dependencia”.