CCOO ha celebrado hoy las Jornadas “Conciliación: Cuestión de Salud e Igualdad”, una actividad enmarcada en el proyecto “Promoción de la Conciliación y la Corresponsabilidad” que el sindicato está desarrollando en el marco del acuerdo de concertación social con la Diputación de Córdoba “Compromiso por Córdoba”.

Las jornadas tenían por objetivo informar a los participantes sobre las consecuencias que la falta de conciliación tiene no solo de cara a la consecución de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, sino también sobre la salud de las personas trabajadoras y poner de relieve la importancia de establecer los planes de igualdad en las empresas, planes que son obligatorios para las firmas de más de 50 personas de plantilla.

“Estamos presentando, sobre todo, las dificultades que estamos teniendo para tener realmente una igualdad real en el mundo laboral y dando a conocer las herramientas de las que disponemos para facilitar la conciliación, de todas las personas trabajadoras, pero especialmente de las mujeres, que son las que lo tienen más difícil”, señaló la secretaria General de CCOO de Córdoba, Marina Borrego, quien apuntó, sobre todo, a la situación de la mujer en el mundo rural, en donde las diferencias entre mujeres y hombres son “más evidentes y desproporcionadas”.

Martín Torralbo, gerente del Instituto Provincial de Desarrollo Económico (Iprodeco), señaló por su parte que “tenemos que seguir trabajando y ahondando para eliminar esas diferencias actualmente existentes entre la mujer y el hombre en lo que a estado de trabajo y oportunidades laborales se refiere”.

Por ello, Torralbo se comprometió a, desde Iprodeco, “seguir poniendo todas las herramientas necesarias en lo que a financiación se refiere para trabajar conjuntamente desde las administraciones y los sindicatos para eliminar este tipo de dificultades que está teniendo la mujer, especialmente en el mundo rural”.

Las jornadas contaron con la intervención de la técnica del Departamento de Igualdad de la Diputación de Córdoba Luis Muñoz, quien abordó la relación entre conciliación e igualdad, así como del ex secretario de Salud Laboral de CCOO de Córdoba y miembro de la Comisión Ejecutiva del sindicato, Manuel Torres, quien habló sobre los riesgos psicosociales (estrés, depresión, ansiedad, etc.) asociados a las dificultades de conciliación en las empresas.

Posteriormente, varias delegadas sindicales de los distintos sectores expusieron en una mesa redonda sus experiencias en la redacción y aplicación de los planes de igualdad y en la negociación de medidas de conciliación en los convenios colectivos con el objetivo de que sus experiencias puedan servir de orientación a otros delegados y delegadas a la hora de implantar medidas que ayuden a la conciliación y a la igualdad en las empresas.

Durante los próximos meses, la Fundación Social Universal con la financiación del Ayuntamiento de Córdoba ejecutará un proyecto de cooperación al desarrollo dirigido a que la infancia y las familias de las instituciones educativas de los distritos de San Sebastián y Santiago de Cusco ejerzan sus derechos a la protección y buen trato.

Con este proyecto se dará una respuesta a la creciente violencia contra niños, niñas y adolescentes registrada en la región peruana de Cusco. Así, por ejemplo, entre el año 2013 al 2018 del total de víctimas de violación en el Perú, el 93,1% fueron mujeres, de este total el 28% niñas entre 0 a 12 años. En Cusco las denuncias recibidas y atendidas de violencia entre el 2015 al 2018 fueron de 4.628; el 90% fueron denuncias de mujeres y el 10% de las denuncias de hombres. De este total de denuncias atendidas, el 21.4% corresponde a violencia ejercida contra niñas, niños y adolescentes.

A pesar de constituirse en una prioridad del Estado peruano y del esfuerzo desplegado por los servicios municipales para detectar situaciones generadoras de violencia, los titulares de obligaciones aún no cuentan con capacidad ni implementan estrategias para la prevención, detección y cuidado integral en las instituciones educativas, así como para fortalecer el trabajo de forma coordinada con las Asociaciones de Madres y Padres de Familia - AMAPAFAS.  

Las limitadas capacidades del funcionariado público en la atención de personas vulnerables, los instrumentos de gestión municipal que no responden a las necesidades de esta población para el respeto de sus derechos y las limitadas políticas municipales para enfrentar la violencia, provocan ineficientes servicios públicos de atención a niñas, niños, adolescentes y mujeres en situación de vulnerabilidad.

Además, el débil funcionamiento de los espacios de concertación o mesas de trabajo y los débiles canales y medios de comunicación hace que las actuaciones sean desarticuladas en los titulares de obligación y de responsabilidad para la implementación de políticas de acceso y ejercicio  de derechos de protección.

Por su parte, la población vulnerable tiene un limitado acceso a los medios y espacios de información y desconoce los canales de denuncia y protección para el ejercicio de sus derechos.

Si no se interviene el problema, los impactos negativos que se van a generar son la naturalización de la violencia en las familias, la desprotección de las víctimas y colectivos especialmente sensibles y vulnerables a la violencia y que las familias se suman en un clima de violencia y adquieran patrones violentos, con consecuencias en el incremento de feminicidios y abuso a menores.

Frente a este problema en aumento se ha planteado este proyecto que busca que este segmento de población ejerza sus derechos a la protección y buen trato. Este objetivo se podrá consolidar con la implementación de 3 resultados estratégicos. Por una parte, los titulares de derechos de las instituciones educativas fortalecerán en sus capacidades para el acceso a servicios de protección con calidad. Por otra, se mejorarán los servicios públicos para la promoción y atención de derechos de protección y buen trato hacia la infancia y familia. Y, finalmente, se desarrollarán actuaciones articuladas entre los titulares de  obligación y de responsabilidad para la promoción e implementación de políticas locales para el acceso y ejercicio de estos derechos.

Con esta intervención el proyecto beneficiará a 3.382 personas entre titulares de derechos, de obligaciones y responsabilidades de los distritos de Santiago y San Sebastián en Cusco.

El personal Técnico de Integración Social (PTIS) y de Intérprete de Lengua de Signos (ILSE) y representantes de CCOO han vuelto hoy a las puertas de la Consejería de Educación en Sevilla para reclamar su subrogración por parte de la Junta, que va a recuperar la gestión pública de los servicios que prestan estos profesionales en centros educativos de atención a menores con necesidades educativas especiales.

La Junta ha optado por la creación de una bolsa de trabajo para la selección del personal que prestará los servicios actualmente adjudicados a empresas privadas, lo que en la práctica supondrá que muchas de las personas que llevan años trabajando como PTIS e ILSE perderán su trabajo, ya que no se tendrá en cuenta su experiencia laboral, frente a otras personas que sí hayan trabajado directamente para la administración.

El secretario General del Sindicato Provincial de Enseñanza de CCOO de Córdoba, Antonio Sánchez, remarcó que “el sindicato defiende que se revierta la gestión de estos servicios al ámbito público, pero ello no debe perjudicar a las personas que trabajan en las empresas adjudicatarias de estos servicios”.

En este sentido, Sánchez recordó que el artículo 130.3 de la Ley de Contratación del Sector Público habilita a la administración para subrogar a este personal, compuesto por 162 personas en la provincia de Córdoba y unas 1.400 personas en toda Andalucía, y que su subrogación es “una cuestión de voluntad política, no de legalidad”.

Por ello, desde CCOO se insta a la Junta de Andalucía a sentarse a negociar una salida para las 1.400 personas afectadas, que llevan de media entre 5 y 7 años prestando estos servicios al alumnado con necesidades educativas especiales, en el caso de Córdoba, en 114 centros de la provincia.

CCOO ha mostrado su total rechazo al pin parental y advierte al Gobierno andaluz que implantar un control de las familias sobre los contenidos educativos que reciben sus hijos e hijas en nuestra comunidad autónoma, como se recoge en el acuerdo entre PP, Cs y Vox, del pasado octubre, para que el partido de ultraderecha votase a favor de los Presupuestos de 2020 para Andalucía, supondría cometer una ilegalidad y escapa a las competencias de los padres y madres en el proyecto curricular.  Hecho que, aunque haya saltado a la palestra informativa en estos días, CCOO viene denunciando desde que tuvo conocimiento de lo recogido al respecto en el citado acuerdo.

Para el secretario General de la Federación de Enseñanza de CCOO Andalucía, Diego Molina, “los contenidos curriculares, entre los que se encuentran la educación en valores relativos al respeto a la igualdad, a la diferencia y a la diversidad, son principios educativos que sustentan nuestro estado democrático, que permiten libertad de conocimiento para después elegir opciones vitales que estarían coartadas cuando se imparte una educación limitada como la que se pretende implantar desde la ultraderecha política”.

En este sentido el sindicato recuerda que las familias no pueden definir los contenidos curriculares que reciben sus hijos porque, además de poner en duda la profesionalidad del profesorado, restaría la formación básica que necesariamente deben recibir todos los escolares. Añadiendo, que del mismo modo que una familia no puede decidir si su hijo o hija puede trabajar antes de los 16 años, no escolarizarlos entre los 6 y 16 años o realizar apología del terrorismo, aunque sean sus hijos e hijas, no puede evitar desde un punto de vista legal que la institución escolar eduque en los valores que sustentan nuestro sistema social y de convivencia.

Así, la responsable de Mujer e Igualdad en CCOO Enseñanza Andalucía, María Trinidad Montes, índice en que “la educación integral permite a los niños y niñas comprender el mundo diverso en el que crecen, fomentando la tolerancia y el respeto, lo contrario, es adoctrinamiento”. Por ello, Montes defiende que “estas actividades curriculares, en un país democrático, aportan conocimientos independientemente del origen, religión o nivel económico del alumnado y que superan las propias ideologías y gobiernos, siendo responsabilidad de la Junta de Andalucía hacer que esto se cumpla”.

Por su parte, Molina informa que “CCOO defenderá al personal docente a través de sus servicios jurídicos. Además, el sindicato acudirá a la vía judicial para evitar la imposición del pin parental en Andalucía, por agredir los derechos básicos de nuestros menores, maltratar la dignidad y profesionalidad del personal docente y por arremeter contra la Constitución Española”. 

A la vez, como ya hizo el pasado noviembre, CCOO exige a la Consejería de Educación elaborar unas instrucciones que eviten intromisión política y la presión hacia el profesorado y la propia institución escolar, enfrentado a familias y desarticula la comunidad educativa.

“En esta línea, CCOO ha elaborado un plan de visitas a centros educativos andaluces para informar al profesorado sobre sus derechos y mantendrá reuniones con las Ampas y asociaciones de estudiantes con objeto de reforzar la independencia de nuestra educación pública de ideologías y ante la dejación legal y moral de la Junta de Andalucía de velar por una educación integral”, apostilla Molina.