Tras la declaración el estado de alarma, el pasado 16 de marzo, los centros educativos cerraron sus puertas y, en consecuencia, los servicios externalizados de la Consejería de Educación quedaron suspendidos, ocurriendo lo mismo, en virtud al Real Decreto de 17 marzo, con los contratos con las empresas adjudicatarias.

Según el secretario General del Sindicato de Enseñanza de CCOO de Córdoba, Antonio Sánchez, “esta situación, pese a no haber motivos, ha dado lugar a que colectivos como son el personal técnico de integración social (PTIS), que sustentan el  apoyo al alumnado con necesidades educativas especiales, y de los intérpretes de lengua de signo (ILSE), no hayan cobrado las nóminas del mes de abril”.

Así, según el sindicato, y debido a la presión de CCOO, la Junta de Andalucía publicó un Decreto (BOJA de 1 abril) que en su punto 3 recoge: “Con el fin del mantenimiento del empleo el órgano de contratación, podrá acordar la continuidad en el pago de los contratos suspendidos por causa del COVID-19”.

Para CCOO, este decreto garantiza que las empresas sigan cobrando de la Junta de Andalucía y, por consiguiente, las personas trabajadoras puedan recibir sus nóminas sin pasar un ERTE. Pero, según las empresas adjudicatarias, entre el procedimiento de pago a empresas, la presentación y comprobación de documentos y otros procesos administrativos, han hecho que a esta fecha, de 15 de mayo, los trabajadores y trabajadoras de estos colectivos, aún no hayan percibido las nóminas de abril.

No obstante, según la información recabada por CCOO de la Viceconsejería de Educación, este proceso de pago a empresas ha comenzado esta semana, y es la Agencia Pública de Educación (APAE) la que se encarga de dichos pagos.

Ante este cruce de justificaciones, Sánchez critica “el gran número de intermediarios para que las nóminas lleguen las plantillas, y achaca los problemas de estos servicios educativos esenciales a su privatización. Ya que, además, debido a la precariedad de estos puestos de trabajo, cualquier circunstancia hace que las consecuencias recaigan sobre el eslabón más débil, en este caso, los trabajadores y trabajadoras que atienden estos servicios”.

El sindicato, a la vista de esta situación, pide, igualmente, responsabilidad a las empresas adjudicatarias (AI ALBA, TANGRAM, OS ZAGALES, MARCOS BAILÓN y SAMU, entre otras), pues sabiendo que el proceso, aunque lento, les aseguraba el cobro, no han mostrado interés en aplicar su corresponsabilidad con sus trabajadores y trabajadoras abonando sus nóminas, sino más bien han utilizado una estrategia de confusión para que todas las miradas recayeran en la Administración.

Por todo ello, “CCOO exige a la Consejería de Educación hacer cumplir a las empresas adjudicatarias de estos servicios educativos su responsabilidad con los trabajadores y trabajadoras y abonen con la máxima celeridad las nóminas de abril”, finaliza Sánchez.

El Sindicato de Sanidad y Sectores Sociosanitaros de CCOO de Córdoba ha estado presente en todos los actos de la primera ronda de asignación de propuestas de contratos para médicos interinos residentes (MIR) que acaban este año su periodo de formación de médicos especialistas. Para toda Andalucía y todas las especialidades médicas se han ofertado 1.480 contratos a un total de 914 MIR.

En todos los centros de nuestra provincia no se ha podido realizar la oferta de contrataciones al personal MIR, puesto que previamente se tienen que ofertar al personal que está disponible en Bolsa Única de Contratación del SAS, por lo que se seguirá en otra oferta prevista para el día 20 de mayo. Se han ofertado contratos de distinta duración -la media de los contratos ha sido de 2 meses- para suplir las vacaciones del personal sanitario en época de verano, aunque también están previstas contrataciones de larga duración hasta el 31 de diciembre.

Concretamente, en la provincia de Córdoba unos 50 MIR han asistido al acto del Hospital Reina Sofia, aunque en este centro aún se están asignando contratos por el sistema de bolsa única, por lo que se ha informado del plan de actuación de contrataciones y que en el próximo acto se les ofertarán los contratos.

En el Área Sanitaria Sur de Córdoba, de 8 MIR, 5 han aceptado contratos. En el Área Sanitaria Norte, de 6 MIR solo 1 ha aceptado el contrato y en el Distrito Córdoba-Guadalquivir se ha ofertado un total de 25 contratos para 24 MIR, pero desafortunadamente en estos distritos ha habido especialidades médicas para las que no se han ofertado contratos suficientes para todos los médicos que acaban su formación. No ha sido así en la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria, para la que se han ofertado más contratos que personas candidatas, y lo sorprendente ha sido que de todos los MIR, solo 7 han aceptado contrato en esta primera oferta.

José Antonio López, Delegado Sindical de CCOO del Distrito Sanitario Córdoba-Guadalquivir, relata que “al preguntar el motivo al personal MIR de no aceptar los contratos nos comentan que tras 4 años de formación en hospital y centros de salud, viendo el funcionamiento de nuestros centros, las condiciones de trabajo en los centros de salud de sus tutores facultativos, los problemas a los que se han enfrentado día tras día, la sobrecarga de trabajo laboral y burocrática, al tener que atender a sus pacientes y a los cupos de otros compañeros que se encontraban de vacaciones, o de baja por enfermedad, o jubilaciones sin cubrir, y los días que tras una guardia de 24 h, que han tenido que continuar trabajando 7 horas más, pasando consulta, les hace rechazar estas contrataciones por sus pésimas condiciones laborales, prefiriendo optar por contratos en los grandes hospitales o en otras comunidades autónomas”.

A juicio de CCOO,  estos jóvenes médicos especialistas, que han invertido entre 12 y 15 años de su vida formándose, teniendo que obtener unas notas de selectividad de las más altas de España, realizando la carrera más larga (6 años) y una de las más duras, teniendo que presentarse a un examen MIR más difícil que muchas oposiciones para conseguir un contrato de 4 años de formación, en el que han trabajado el doble de horas de una jornada laboral normal y cobrando un sueldo de prácticas, se vean con una edad en la que sus amigos ya llevan años trabajando en otras profesiones, mientras ellos parten de cero, pero además, con condiciones laborales y económicas de las peores de España y Europa. 

Para el secretario General del Sindicato de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Córdoba, José Damas, “es evidente la incapacidad e incompetencia del SAS para poner en marcha un verdadero plan de actuación con el que contener la fuga de estos magníficos profesionales que acaban de finalizar su especialidad en Andalucía. La sanidad pública andaluza necesita afianzarse y reforzarse con los profesionales que ha formado para así garantizar una asistencia sanitaria de calidad en el futuro, con la que se atienda las necesidades de la ciudadanía y los problemas de listas de espera y atención sanitaria que nos espera”.

El Sindicato Provincial de Construcción y Servicios de CCOO de Córdoba ha denunciado ante la Inspección de Trabajo a varias empresas que están incumpliendo el acuerdo firmado por la patronal y los sindicatos el pasado 26 de marzo por el que se establecía la jornada intensiva durante el estado de alarma por la pandemia del COVID-19.

Antonio Salazar, firmante del acuerdo por parte de CCOO, explica que la patronal y los sindicatos llegaron a un acuerdo, que entró en vigor el pasado 1 de abril, por el que se establece la jornada intensiva de 7 horas durante el estado de alarma. La entrada en vigor del acuerdo coincidió con el decreto del Gobierno por el que se produjo el parón de las actividades no esenciales coincidiendo con la Semana Santa. “Este decreto no anula el acuerdo firmado por los empresarios y la representación de los trabajadores y trabajadoras. De hecho, el acuerdo sigue vigente a fecha de hoy puesto que el estado de alarma sigue vigente", remarca Salazar.

Sin embargo, CCOO ha detectado que algunas empresas, de forma unilateral, han decidido volver a la jornada partida de 8 horas, hecho que ha puesto en conocimiento de la Inspección de Trabajo. Es más, “estas empresas no solo han vuelto a la jornada partida, sino que están obligando a sus plantillas a trabajar 9 horas diarias, en vez de 8, para recuperar las 55 horas perdidas durante el parón decretado por el Gobierno a primeros de abril”, denuncia el responsable sindical.

“No hay ningún acuerdo sobre cómo recuperar las horas dejadas de trabajar por el decreto del Gobierno”, recuerda Antonio Salazar quien incide en que, además, “muchas empresas, especialmente las subcontratas, despidieron a sus trabajadores durante el parón de abril o presentaron un ERTE, por lo que los trabajadores afectados no deberían recuperar ninguna hora, puesto que no les ha sido abonada”.

A esto se añade que, al restablecer la jornada partida, muchos trabajadores almuerzan en la propia obra y “se está haciendo sin medidas de prevención. Las empresas no cuentan con comedores adecuados, los trabajadores no tienen equipos de protección individual adecuados, no hay mascarillas, ni guantes, ni geles hidroalcohólicos… ni siquiera se cumplen las distancias de seguridad y todo ello está poniendo en riesgo la salud de los trabajadores e incrementando el riesgo de contagio”, lamenta Salazar quien advierte que CCOO no va a dudar en denunciar los incumplimientos del acuerdo que detecte, puesto que sigue en vigor y se estableció, precisamente, para proteger a los trabajadores ante la pandemia del COVID-19.

La Red de Madres y Padres Solidarios (ReMPS) y la Federación Centro de Referencia Andaluz de Enfermedades Raras (CRAER) denuncian que el confinamiento continúa para las miles de personas que padecen una enfermedad rara porque, a pesar de que muchas de ellas podrían salir a la calle en las horas que le corresponden por edad o situación personal, no se atreven a hacerlo por el miedo al contagio.

“Las personas que padecen una enfermedad rara son población de alto riesgo y tienen que extremar las medidas de protección ante un posible contagio por COVID-19”, recuerda el presidente de la ReMPS, Francisco Ureña, quien explica que “la irresponsabilidad de muchas personas, que salen a la calle cuando no les corresponde, que no guardan las distancias de seguridad, que prescinden de medidas de protección como mascarillas o guantes, pone en peligro a los enfermos que salen de sus casas”.

Ambas organizaciones recuerdan que las personas que sufren una enfermedad rara son uno de los colectivos más perjudicados por esta pandemia. “No solo ven como sus enfermedades no son investigadas, como no hay medicamentos para tratarlas, sino que las administraciones ni siquiera reparan en ellos y un ejemplo de ello es que no se han buscado medios para que, sobre todo los niños, puedan seguir recibiendo sus terapias durante el confinamiento”, se queja Ureña.

“Las personas afectadas por patologías minoritarias se vieron obligados a suspender sus terapias de rehabilitación a causa del virus, unas terapias que son fundamentales para paliar los efectos de la enfermedad y retrasar su evolución, y ahora que podrían beneficiarse de las medidas de desescalada no pueden hacerlo por miedo a contagiarse y se ven obligados a mantener el confinamiento”, recalca Ureña.

Pero aún más. “aunque se ha reactivado el servicio de rehabilitación, muchos enfermos tienen miedo de acudir a terapia porque los profesionales están dotados de equipos de protección, pero ellos no, y temen contagiarse”, comenta el responsable de la asociación quien indica que “algunas familias están intentando que los pacientes reciban la terapia en casa, aunque tampoco esta opción está exenta de riesgo, puesto que los profesionales atienden a otras personas que podrían estar contagiadas sin saberlo”.

Por ello, ReMPS y CRAER piden al Servicio Andaluz de Salud (SAS) que establezca los protocolos necesarios para prestar el servicio a los enfermos garantizando las medidas de seguridad y protección suficientes tanto para los pacientes como para los profesionales.

Asimismo, la ReMPS y CRAER hace un llamamiento a la sociedad en su conjunto, “para que respeten las normas de la desescalada, para que recuerden que de su respeto y su cuidado puede depender no solo que una persona pueda salir de casa después de dos meses encerrada a cal y canto, sino su salud e incluso, aunque suene exagerado, su vida”, pidió Francisco Ureña.