La parroquia de San Andrés Apóstol de Córdoba celebra desde este domingo la eucaristía de las 19:30 h. con el apoyo de una intérprete de lengua de signos para personas sordas. Esta iniciativa pionera en Córdoba ofrece cada semana un servicio parroquial que se propone atender las necesidades de accesibilidad para los cordobeses sordos que quieren acudir al sacramento con el soporte de la interpretación de la Sagrada Escritura en lengua de signos.

         El párroco de San Andrés, Pablo Calvo del Pozo, espera que esta iniciativa sea “acicate para nuevas iniciativas de este tipo” y mantiene que se pone en marcha con “la luz de su Espíritu y que tiene el único deseo de hacer llegar a todos sin exclusión, sin diferencia, como hermanos que somos, hijos del mismo Dios Padre, el mensaje de Verdad de Cristo que Vive y nos ama con locura”.

         Pablo Calvo sitúa en sus años de seminarista la inquietud por atender las necesidades de estas personas. Entonces conoció a un matrimonio de personas sordas trabajadoras del Obispado, una relación que lo llevó a “trabajar por hacer verdad este deseo del corazón” que ha tomado cuerpo ahora, para “hacerles llegar también a ellos el Anuncio del Reino”. El sacerdote ha materializado así la idea, y representa desde este domingo la posibilidad para personas sordas de poder participar en la eucaristía de manera integral y “alimentarse del Cuerpo de Cristo, escuchar y acoger su Palabra”, una necesidad que no entiende de capacidades sino que es “universal y para todos”.

         Los distintos destinos parroquiales del sacerdote antes de llegar a Córdoba, hace ahora diez años, no permitieron alcanzar este propósito antes. Tras salvar la dificultad que la pandemia ha sumado al proyecto, San Andrés puede contar desde el domingo con la asistencia de la intérprete en lengua de signos Beatriz Fragoso, dispuesta a prestar este servicio para llegar “hasta donde Dios nos lleve”, porque esta es una decisión “nacida del Corazón de Dios”, pionera en Córdoba y pensada para el beneficio de todos.

CCOO se ha concentrado ante la Delegación de Salud de Córdoba, coincidiendo con la Jornada Mundial por el Trabajo Decente, para exigir unas condiciones laborales dignas en el sector de la Dependencia y la ayuda a domicilio, sectores ocupados mayoritariamente por mujeres en unas condiciones laborales altamente precarias, con un convenio estatal que es necesario actualizar y en algunos, casos, sin aplicación de convenio alguno o mal aplicado por las empresas.

La secretaria General de CCOO de Córdoba, Marina Borrego, remarcó que “es inadmisible que la Junta de Andalucía siga con la política de ojos cerrados pidiendo resignación a las trabajadoras y trabajadores y negando a personas dependientes una atención digna en residencias o ayuda a domicilio, y además obstaculizando la entrada de nuevas personas dependientes a estas prestaciones”. 

Borrego recordó que “son las trabajadoras y trabajadores del sector sociosanitario quienes están sosteniendo el sistema de atención social” e insistió en que “no se puede dar un servicio digno, de calidad y con seguridad si no se cuenta con el personal suficiente y las condiciones laborales mínimas”.

En la provincia de Córdoba se cuenta con 83 residencias de personas mayores, de las que 59 son de titularidad privada y solo 24 son de titularidad pública, ya sea municipal o autonómica, con unas 5.500 plazas, de las que solo 1.123 son públicas y 2.723 son gestionadas de forma directa o concertadas con la administración pública.

Estos datos ponen de manifiesto que la gestión privada no es la adecuada para este tipo de residencias de mayores, puesto que en el periodo de pandemia han sido de las más afectadas por la deficiente gestión y falta de personal y de medios sanitarios. Para CCOO, es necesario cambiar el modelo residencial asistencial por otro que garantice, además, una atención sanitaria primaria.

En este sentido, a pesar de que la Junta de Andalucía ha dado instrucciones para medicalizar las residencias afectadas por el COVID-19, nos encontramos que la sectorización y aislamiento de las personas residentes contagiadas, en la mayoría de ocasiones, es muy complicado cumplirlos con garantías, puesto que no se dispone de las infraestructuras necesarias y adecuadas, y además, el personal tiene que atender dos áreas diferentes y no se refuerza con nuevas contrataciones.

De igual modo se ha puesto de manifiesto la precariedad laboral en el sector de la ayuda a domicilio, donde el puesto de trabajo se diversifica, al prestarse en cada domicilio de las personas usuarias, siendo casi imposible poder realizar una evaluación de riesgos laborares, estando por tanto, las auxiliares de ayuda a domicilio expuestas a riesgos para su salud, lesiones musculoesqueléticas, riesgos biológicos, etc,, que en esta pandemia se han agravado por la falta de material de protección individual (EPIs), que la mayoría de las empresas no facilita en la cantidad necesaria, por lo que en multitud de casos los adquieren las trabajadoras y trabajadores. A todo esto se suma la falta de control mediante test o PCR.

Por otra parte, la precarización del sector se manifiesta en los bajos salarios. Aunque el salario ronda los 1.000€, como la mayoría de los contratos son a tiempo parcial o eventuales, las nóminas se quedan en solo unos 400€ mensuales. Al bajo salario se unen jornadas de trabajo maratoniana, que comienzan a las 8.00 de la mañana y que finalizan, en muchos casos, a las 22.00 horas, por la nefasta planificación y organización de las empresas prestadoras de este servicio de ayuda a domicilio, en su práctica totalidad gestionado por empresas privadas.

El acto de protesta realizado hoy en la delegación de salud de Córdoba, es una muestra más de las convocadas a nivel andaluz y estatal para exigir una dependencia digna al 100%, por lo que CCOO hace un llamamiento a la Delegada de Salud de la Junta en Córdoba, María Jesús Botella, para que actúe desde su ámbito y exija a la Junta medidas que garanticen una adecuada atención sanitaria a las personas dependientes y se refuercen el personal sociosanitario.

En la Mesa Sectorial celebrada este martes y tras la huelga educativa del pasado 18 de septiembre, CCOO ha alcanzado un acuerdo sindical que supone, como principales medidas para la educación pública andaluza, el incremento total de 7.000 docentes este curso respecto al anterior para reducir la ratio, aumentar los gastos de funcionamiento de los centros educativos públicos, priorizar todas las reuniones de coordinación docente mediante videoconferencia y un permiso para docentes con personas menores o dependientes confinadas, tal como el sindicato ha venido exigiendo.

Según el secretario General de la Federación de Enseñanza de CCOO de Andalucía, Diego Molina, “este acuerdo es fruto de la huelga educativa del pasado día 18 de septiembre, lo que evidencia no sólo su éxito sino la importancia de la huelga como instrumento para avanzar en las demandas laborales y sociales que, en este caso, y siendo un primer paso, mejora las plantillas que la crisis sanitaria exige”.

Para CCOO, el acuerdo alcanzado supone un avance para que en ningún caso se supere la ratio de 25 escolares en Educación Infantil y Primaria y 30 en el primer ciclo de la ESO --desbordada en áreas metropolitanas, grandes ciudades y zonas costeras, con incluso hasta 28 y 33 escolares--, incluyendo, además, recursos para las residencias escolares, la Educación Infantil 3-6 años --con personal extra si en el centro existen, al menos, 4 unidades con ratio superior a 20 escolares tras aplicar el acuerdo--, y centros específicos de Educación Especial, todos ellos son niveles y servicios educativos que viven graves situaciones ante la imposibilidad de que los escolares puedan usar mascarillas.

Por otro lado, Molina destaca el incremento en un 10% de los gastos de funcionamiento de los centros educativos que incluye este acuerdo, lo que “permitirá asumir los gastos que en desinfección y protección deben realizar los propios centros y que está provocando, ante su corta dotación, que muchos docentes estén costeando sus propios equipos de protección y mascarillas, a pesar de que son un instrumento de trabajo o que, incluso, sea el personal docente quien las facilite al alumnado en centros de zonas desfavorecidas.”

Igualmente, para el dirigente sindical, uno de los grandes logros alcanzados por CCOO con este acuerdo es el `permiso COVID´, que la organización venía exigiendo y que permite “que el profesorado que conviva con menores o personas dependientes en cuarentena, disponga de un permiso laboral que le permita realizar esta atención y que se prioricen las reuniones de coordinación mediante videoconferencia, superando incluso el limitado acuerdo de teletrabajo de la Mesa General, que CCOO rechazó por insuficiente”.

Además, CCOO informa que este acuerdo incluye una Comisión de Seguimiento en la que se avanzará en el reconocimiento de la tutoría del profesorado que atiende grupos desdoblados --que requerirá de los próximos presupuestos de la Junta de Andalucía-, y en la que se podrán estudiar las plantillas de centros educativos con situaciones excepcionales.

Por todo ello, CCOO valora este acuerdo como un primer paso para avanzar en el crecimiento de las plantillas docentes que necesita la educación pública andaluza después de tantos años de recortes y ante la actual crisis sanitaria.

CCOO señala que seguirá trabajando y exigiendo el incremento de recursos para la educación pública andaluza, que deberá manifestarse en los próximos presupuestos de la Junta de Andalucía y en la aplicación de las transferencias económica que para educación reciba Andalucía del Gobierno de España a partir de enero.

“Este acuerdo no es un punto y aparte; es un punto y seguido porque se debe seguir avanzando en esta línea, algo que seguiremos exigiendo”, finaliza Molina.

Miembros de la Sección Sindical de CCOO en el Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios (CPPEI) de Córdoba, acompañados de la secretaria General del sindicato en Córdoba, Marina Borrego, han mantenido una reunión con el presidente del Consorcio, Rafael Llamas, a quien han trasladado sus reivindicaciones.

Borrego señaló que aumentar la partida destinada al Consorcio en los nuevos presupuestos que se están elaborando para el próximo año es “primordial para seguir avanzando en la mejora y modernización de este servicio esencial de emergencias que se presta a toda la provincia”.

Asimismo, establecer la promoción interna al subgrupo C1, para lo que es necesario una dotación económica suficiente es otra de las prioridades para CCOO. A este respecto, el presidente del Consorcio ha expresado su voluntad de que la misma se lleve a cabo con las garantías jurídicas suficientes.

Adecuar las dotaciones mínimas de intervención para dar respuesta a las necesidades en la prestación de servicios a la ciudadanía, el equilibrio entre la creación de empleo, la promoción de personal y la estabilidad del personal funcionario interino, todo ello a través de acciones u objetivos estratégicos como la planificación de recursos humanos, las ofertas de empleo pendientes de aprobar, acciones sobre la estructuración del empleo público o el valor de los puestos de jefe de turno, son otras de las demandas que han realizado los delegados de CCOO.

Junto a lo anterior, el delegado de prevención de CCOO, Miguel Córdoba, pidió que se lleve a cabo un reparto adecuado de los nuevos vehículos y centros de trabajo cardio-protegidos en base a un análisis de las necesidades de cada parque de bomberos.

Además, otro de los delegados de personal de CCOO en el Consorcio, Rafael Galán, puso de manifiesto la necesidad de reformas urgentes en los parques de bomberos de Montoro y Palma del Río. Sobre esta cuestión, Rafael Mellado indicó que sus inicios están muy cercanos, así como la adecuación y renovación de los gimnasios del CPPEI previstos para 2021.

“CCOO propone soluciones con sentido común a las demandas de los bomberos y bomberas de la provincia de Córdoba”, ha apostillado Marina Borrego.