Un nutrido grupo de autoridades de la ciudad y fieles de la Diócesis se han congregado en la tarde del miércoles, 10 de junio, para celebrar la santa misa en recuerdo a las víctimas mortales de la pandemia. El Obispo de Córdoba, monseñor Demetrio Fernández, ha querido oficiar esta eucaristía tras vivir, como ha puesto de manifiesto en su homilía, unos días “muy amargos y muy duros”, en los que hemos visto la muerte muy de cerca. “La muerte tan frecuente y abundante de tanta gente ha sido para todos un mazazo fuerte y así lo hemos vivido y lo estamos viviendo, puesto que estos días nos han hecho reflexionar lo débil que es la vida humana”, ha explicado el prelado quien ha resaltado que celebrar esta misa y orar por nuestros difuntos “es un deber de caridad cristiana y de justicia”.  Asimismo, ha recordado que “la vida es para vivirla, disfrutarla y gastarla en el servicio de los demás, aunque cuando la muerte viene de esta manera tan cruel siempre nos parece injusta, pero la fe nos dice que la muerte no la ha inventado Dios, sino que Dios genera la vida”.

El pastor de la Diócesis ha querido reflejar la importancia de la oración en estos duros momentos, que “nos abre un portillo de luz y de esperanza”, puesto que ante una situación tan dolorosa, “solo la fe puede enjugar nuestras lágrimas”.

“Trabajemos todos por la paz, la convivencia y el progreso y desde la fe cristiana aportemos cada uno lo mejor de si mismo. Hemos recibido tantos testimonios de personas que han puesto su vida en riesgo o incluso la han perdido, hemos asistido a un desastre colectivo, pero también a un testimonio precioso de amor y solidaridad, fraterno, que ha brotado de tantos corazones; por ello, seamos todos solidarios ahora más que nunca, las instituciones, la Iglesia, el Ayuntamiento, Diputación, autoridades autonómicas y del Estado, para que nadie se quede sin recursos”, ha instado el Obispo al culminar su homilía ante un gran número de fieles que han asistido a la celebración cumpliendo en todo momento las medidas sanitarias y de seguridad establecidas.

Una vez finalizado el periodo de luto oficial en homenaje a las víctimas mortales de la pandemia por coronavirus, el Obispo de Córdoba, monseñor Demetrio Fernández, presidirá mañana miércoles, 10 de junio, una Misa funeral por los fallecidos a causa del Covid-19. La celebración eucarística tendrá lugar en la Santa Iglesia Catedral, a las 20:00 horas.

CCOO exige la readmisión de las personas trabajadoras despedidas en la Cooperativa Oleícola El Tejar, en donde el sindicato ostenta la mayoría de la representación sindical.  

El pasado viernes, responsables del Sindicato Provincial de Industria, encabezados por su secretario General, Agustín Jiménez, y acompañados por la secretaria General de CCOO de Córdoba, Marina Borrego, mantuvieron una reunión con todos los representantes del sindicato en la empresa para abordar la situación generada por la negativa a aceptar la rebaja salarial del 10% que pretende imponer la Dirección de la empresa.

Para Jiménez, esta rebaja salarial “responde más a una decisión política de cara a los socios que a una necesidad para la viabilidad de la cooperativa y trata de disimular una gestión no muy brillante porque no se entiende que se proponga esta rebaja cuando se ha firmado el convenio colectivo recientemente con una subida salarial del 2%”.

Por otro lado, el responsable sindical admitió que “estamos bastante preocupados por la falta de capacidad para la futura campaña, que se prevé bastante importante, ya que en la última campaña de la aceituna hubo almazaras que pararon la recolección debido al exceso de alperujo debido al cultivo súper intensivo del olivar y las favorables condiciones meteorológicas, y más en un clima de conflicto social con la Dirección de cooperativa puesto que, llegado el momento, no se descartarían movilizaciones en plena campaña en defensa de los intereses de las personas trabajadoras”.

“No entendemos que una corporativa que tiene carácter social mantenga unas políticas en contra de la representación legal de los trabajadores, incumpliendo la normativa vigente en varias materias –convenio colectivo, categorías laborales, salud laboral, plan de igualdad, etc.- que no dudaremos en denunciar ante la Inspección de Trabajo así como ante la Justicia, puesto que no tiene interés de hablar y dialogar absolutamente nada, como están demostrando con su negativa constante a los numerosas solicitudes de reunión realizadas por los representantes de CCOO ante la dirección de la cooperativa”, señaló Jiménez.

Desde CCOO se insiste en la necesidad de que Dirección y representación sindical se sienten a resolver las dificultades producidas por la crisis del COVID-19, pero no acepta “una decisión unilateral de la Dirección de la cooperativa y más siendo una cooperativa que se supone que tiene por objeto precisamente este principio de igualdad y equidad entre socios, que es el que marca el funcionamiento de una cooperativa”, remarca el secretario de Industria quien hace hincapié en que “La gestión de la cooperativa se realiza de forma democrática por sus miembros a través de decisiones que se ponen en valor y se deciden en las asambleas, con la participación de todos los socios de la cooperativa, cosa que no sucede con la representación de los trabajadores y trabajadoras, a quien vulneran sistemáticamente los derechos de consulta y participación”.

Por último, CCOO advierte que si no se readmite a los trabajadores y trabajadoras despedidos, se tomarán todas las acciones legales en defensa de los intereses de las personas trabajadoras e invita a la Dirección de Oleícola El Tejar a que cambie la actitud de confrontación con los representantes sindicales y “trabajemos todos juntos por un plan industrial de futuro, pero abordando los problemas reales y no escondiéndolos con cortinas de humo, creando un clima de confrontación que no beneficia ni a cooperativistas ni a la plantilla”, concluye Agustín Jiménez.

La Sección Sindical de CCOO en la Administración de Justicia critica las condiciones en las que está prestando sus servicios el personal de dicha Administración y que incumple la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

La Justicia es un servicio esencial, si bien se han suspendido los plazos procesales y otras actuaciones consideradas no esenciales. Sin embargo, no son pocas las presiones de distintos colectivos para que la administración incorpore a la totalidad de la plantilla de los juzgados avanzando en las fases laborales aún sin evolucionar en las fases sociales. “Esta presión se ejerce, especialmente, a los funcionarios del servicio común de notificaciones y embargos, que son los encargados de practicar todo tipo de actos acudiendo a los domicilios y, por tanto, son los más expuestos a un posible contagio”, explica el delegado de CCOO en la Administración de Justicia, José Carlos Alba.

Precisamente la falta de medidas de protección en algunas salas de vistas ha sido una de las motivaciones de la denuncia presentada por CCOO ante la Inspección de Trabajo. Como ejemplo, en uno de los tribunales inspeccionados por el sindicato se estaba celebrando una vista con cuatro puestos ocupados por los abogados representantes de las partes litigantes pero “solo había pantallas protectoras para tres y, para colmo, eran inadecuadas, porque llegaban hasta el borde de la mesa, así que la persona que ocupaba ese puesto, si quería estar protegida, prácticamente tenía que tumbarse sobre la mesa”, relata el representante sindical quien asegura que “menos protegido aún está el personal funcionario que está en primera fila y que se acerca tanto al justiciable como a los y las profesionales de la abogacía para hacer los trámites propios de su profesión”.

“La realidad es que el Comité de prevención de riesgos laborales, en el que están presentes los representantes legales de las trabajadoras y trabajadores, no ha sido participe de las medidas  de seguridad adoptadas, como la medición de espacios y la distribución de los puestos de trabajo para la vuelta masiva de la plantilla”, lamenta Alba quien explica que, por ello, CCOO ha presentado la correspondiente denuncia en la Inspección de Trabajo.

En dicha denuncia, el sindicato no solo pone en conocimiento de la autoridad laboral que no se han realizado las evaluaciones de riesgo específicas obligatorias para establecer las medidas de seguridad pertinentes, sino que no se garantiza en la totalidad de los órganos judiciales de la provincia que existan los equipos de protección necesarios para poder realizar el trabajo de manera segura, dado que no se cumplen con todas las medidas de seguridad que han de ser previstas antes esta pandemia.

Asimismo, CCOO denuncia que las medidas de protección no se han adoptado por personal cualificado de las Unidades de Prevención de Riesgos Laborales y han estado basadas en decisiones que están tomando, sin tener competencia para ello, otros órganos.

Además, se están aumentando los trabajos a realizar, superando los considerados esenciales, y dejando sin efecto de cara a la seguridad de los trabajadores y trabajadoras la suspensión de plazos y los servicios declarados esenciales por el Real Decreto de Estado de Alarma. Así se está produciendo un aumento considerable de asistencia de público y profesionales ajenos a los órganos judiciales, para realización de servicios no declarados esenciales, sin que para ello se hayan tomado tampoco medidas de protección de la salud del personal ni la del propio público que acude a dichas dependencias. Esto deja sin efecto las mínimas medidas de seguridad adoptadas en cuanto a distanciamiento y aforo de los órganos judiciales.

CCOO ha solicitado una reunión con la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía para abordar el proceso de desescalada que se está llevando a cabo en el sector de la Dependencia y las consecuencias negativas de la retirada precipitada por parte de la Administración andaluza de las medidas excepcionales en el servicio de ayuda a domicilio.

Esta organización sindical insta a la Junta a que prorrogue las medidas excepcionales en materia de financiación del servicio de ayuda a domicilio como mínimo hasta finales de junio, estableciéndose un periodo de transición para realizar las iniciativas organizativas adecuadas para la recuperación de la actividad, garantizar la dotación de las medidas necesarias de protección y contar con la representación legal de las trabajadoras y los trabajadores en la implantación de los planes de contingencia.

Asimismo, CCOO mantiene que en el sector de las residencias de personas mayores las dificultades para la reposición de usuarios están repercutiendo negativamente en las plantillas de los centros, por lo que también es necesaria la aplicación de medidas excepcionales de apoyo. “Lo que sigue siendo inconcebible y absolutamente injustificado es el mantenimiento de la Orden de Acreditación de Residencias de Personas Mayores de 1 de julio de 1997, en la que se recogen ratios de plantillas insuficientes a todas luces para garantizar una adecuada calidad asistencial. Es indispensable la derogación inmediata de esta norma, que es previa a la Ley de la Dependencia, y la aplicación de una nueva Orden en la que se incrementen de forma significativa las ratios de las plantillas, especialmente en la categoría de gerocultora”, asevera el secretario General del Sindicato de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Córdoba, José Damas.

CCOO recuerda que el acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía de 26 de mayo de 2020 modifica las medidas previstas en el Acuerdo de 16 de marzo de 2020 por el que se adoptaron medidas extraordinarias para garantizar la atención de las personas residentes en los centros de servicios sociales de gestión directa de la Administración de la Junta, como consecuencia de la situación y evolución del coronavirus, y se aplicaron medidas excepcionales en la financiación del servicio de ayuda a domicilio al garantizarse el pago como mínimo de las liquidaciones abonadas en el mes de febrero.

“Esta vuelta a la normalidad se realiza sin tener en cuenta la disminución de los servicios que se ha registrado, la suspensión temporal de los mismos a instancias de los usuarios o la necesidad de incremento de los equipos de protección que lleva consigo este regreso a la actividad ordinaria”, asegura Damas quien advierte además que, “sin apenas tiempo material, se deben realizar medidas excepcionales para volver a la situación previa a la implantación del estado de alarma, lo que requerirá de un periodo estimable en el que se acumularán los débitos de horas de las plantillas ante las dificultades relevantes para la recuperación de la actividad”.

La Inspección de Trabajo ha dado la razón a CCOO, cuya Sección Sindical en el Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios (CPPEI) denunció en septiembre de 2019 los incumplimientos en materia de prevención de riesgos laborales que se estaban dando en el parque de bomberos de Lucena. Ahora, tras la visita a las instalaciones, la Inspección de Trabajo ha constatado las deficiencias denunciadas, corroborando la denuncia puesta por el sindicato.

“Ante la pasividad de la dirección técnica y los cargos políticos del Consorcio a las advertencias del sindicato sobre estos incumplimientos de la ley de prevención, los delegados de CCOO procedieron a denunciar la situación ante la Inspección”, explica el secretario de la Sección Sindical, Antonio Mellado. En concreto, el sindicato denunció que  en la zona de pasillo que separa las duchas con los aseos no hay medios (puertas) para salvaguardar la privacidad de los usuarios. También denunció que había riesgo de caída de personas a distinto nivel cuando acceden a la barra y se deslizan por ella para pasar de un nivel a otro inferior y también cuando se permanece en la cubierta en el vehículo BULL ll.

Ahora, la Inspección de Trabajo requiere al Consorcio que subsane las deficiencias en el plazo de tres meses. “CCOO estará vigilante para que se cumpla el requerimiento de la autoridad laboral”, advierte Mellado.

Asimismo, cabe recordar que CCOO está pendiente de la resolución de otras dos denuncias más que interpuso en 2019 contra los responsables del CPPEI de Córdoba.

“Una vez más somos los sindicatos y no las empresas los garantes de la seguridad y salud de los trabajadores”, lamenta el responsable sindical quien reclama a la Dirección del Consorcio que lleve a cabo las actuaciones necesarias para garantizar la salud y la seguridad del personal y no forzar a la interposición de denuncias que lo único que hacen es demorar la solución a los problemas y generar gastos innecesarios.

Los datos del paro de mayo, que registran una bajada del desempleo en la provincia de Córdoba de 2.139 personas, “demuestran que ampliar la aplicación de los ERTE ha sido positivo para el mantenimiento del empleo”, ha señalado el secretario de Empleo de CCOO de Córdoba, Manuel Merino, para quien es “una señal positiva” que “las primeras fases de desescalada hayan tenido una buena respuesta en cuanto al paro se refiere”.

De hecho, Merino espera que en los próximos meses, la culminación de numerosos ERTE, así como la aplicación de los planes de choque de la Diputación de Córdoba y el Ayuntamiento de Córdoba, ambos rubricados por CCOO, “tengan un efecto positivo sobre el empleo y se continúe por la senda de la recuperación, aunque sabemos que los meses estivales, tradicionalmente, son malos para el empleo en Córdoba”.

La satisfacción por la bajada del paro se ve empañada por la situación de la mujer. “Como ya pasó en la crisis iniciada en 2008, la mujer está siendo expulsada del mercado de trabajo y es el grupo de población que más está sufriendo los efectos de la crisis económica derivada de la pandemia del COVID-19”, ha lamentado el responsable sindical que recuerda que de los 85.843 personas desempleadas en la provincia, 48.832 son mujeres, es decir, el 56,88%.

Asimismo, el secretario de Empleo mostró su preocupación por que más de la mitad de los contratos realizados durante el pasado mes (17.482 de los 28.476) se hayan llevado a cabo en el sector agrícola que, sin embargo, no es el en el que más bajó el desempleo –lo fue la construcción, con 1.173 personas paradas menos-. “El campo es uno de los pilares económicos de la provincia, eso no se pone en duda, pero también es uno de los sectores más precarizados y nos preocupa que sea el que está absorbiendo, una vez más, a los desempleados que se generan en otros sectores, porque el campo tiene una capacidad limitada de empleo y una excesiva demanda puede tentar a algunos empresarios a abusar de la necesidad de trabajar de muchas personas”, advierte Merino.

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales, aprobada en el año 1995, regula la normativa básica relativa a la prevención de riesgos laborales, entre las que se incluyen las medidas de vigilancia de la salud, los planes de prevención en los centros de trabajo, la participación de los trabajadores y trabajadoras a través de sus delegados y delegadas de prevención, y los servicios que deben prestar los Comités de Seguridad y Salud.

Según el secretario General de la Federación de Enseñanza de CCOO de Andalucía, Diego Molina, “en el caso de los centros educativos andaluces hay insuficiencia de recursos y de aplicación normativa que la actual pandemia de la COVID-19 ha evidenciado, algo que la Consejería de Educación debe resolver urgentemente”.

CCOO denuncia que los Gabinetes de Seguridad y Salud de las Delegaciones Territoriales de Educación no están prestando un adecuado servicio por falta de recursos humanos. Así, la vigilancia de la salud, más necesaria en la actual pandemia, resulta claramente insuficiente a pesar del número de años que lleva vigente una Ley que ha sido aplicada bajo mínimos en el sistema educativo andaluz.

Molina recuerda que tanto estos Gabinetes como los Comités de Seguridad y Salud de las Delegaciones Territoriales de Educación deben dar respuesta a más de 4.000 centros educativos y 105.000 docentes andaluces, por lo que “exige el incremento del escaso personal técnico de los Gabinetes provinciales y el reconocimiento de la labor profesional que desarrollan con una alta responsabilidad.”

Para CCOO la vigilancia de la salud en los actuales momentos “no puede caer en manos de las direcciones de los centros, que están asumiendo labores sanitarias que no les corresponden, sin recibir, además, la información ni la formación para llevar a cabo estas tareas, lo que las está exponiendo a situaciones cuanto menos comprometidas”. Igualmente, Molina censura “la nula coordinación existente entre Educación y Sanidad, pues no se han generado cauces de comunicación y asesoramiento entre los centros educativos y los centros de salud de referencia”.

Además, Molina señala que “se debe dar operatividad a los Comités de Seguridad y Salud de las Delegaciones Territoriales de Educación y que se evalúen urgentemente los riesgos psicosociales y físicos que, entre el personal docente y educativo, está generando el teletrabajo. Una importante cuestión que no se puede obviar y que puede incrementarse el próximo curso escolar ante un más que previsible rebrote de la Covid-19”.

“La dejación de funciones de la Consejería de Educación en materia de salud laboral en los centros educativos, con una falta constante de recursos y de privatización de parte de sus servicios, se ha hecho más que evidente en esta crisis sanitaria, un problema que debe ser resuelto con la máxima celeridad, porque afecta a la vida y a la salud de los trabajadores y las trabajadoras de la educación andaluza y, en consecuencia, a toda la comunidad educativa andaluza”, finaliza Molina.

CCOO lamenta que la Junta de Andalucía aproveche la crisis de la COVID-19 para encubrir los recortes en la universidad planeados con anterioridad a la crisis, ejemplo de un modelo nefasto de financiación para esta institución académica. Mientras, el consejero con competencias en Universidad, Rogelio Velasco, trata de justificarlos con ejercicios de desinformación, ocultando la realidad de unos recortes en los presupuestos para las universidades públicas de Andalucía (UPA) que suponen una desinversión de, aproximadamente, 260 millones de euros.

Ante esta circunstancia, CCOO considera que fue incomprensible la actitud de la mayoría de los rectores y las rectoras en la defensa del sistema andaluz de universidades públicas antes de la crisis, pero esta actitud es aún más incomprensible ahora, cuando en vez de recortes se requiere una inversión adicional, dada la transformación que tendrán que abordar las universidades para el próximo curso.

La otra cara de la moneda, para el sindicato, está en la labor incansable del personal docente e investigador (PDI) y del personal de administración y servicios (PAS), que en un ejercicio de responsabilidad asume continuamente nuevos retos y nuevas funciones, trasladando su dedicación a cualquier momento del día y de la semana, en jornadas que están muy por encima de las horas legalmente establecidas.

A este respecto, el secretario General de la Federación de Enseñanza de CCOO de Andalucía, Diego Molina, “advierte que asumir más cargas de trabajo, o la precarización cada vez mayor de los trabajadores y trabajadoras, llevará a la fractura de una paz social, cada vez más debilitada en las universidades públicas”.

Por otro lado, desde CCOO se denuncia que esta desinversión va a propiciar el cierre de titulaciones, el despido de cientos de profesoras y profesores Interinos y asociados, y la precarización, cada vez mayor, de las trabajadoras y trabajadores de las Universidades. Por esta razón, el sindicato plantea que los rectores y las rectoras tienen que asumir el papel que les corresponde y defender al unísono la universidad pública, no como administradores de empresas, que no lo son, sino en la defensa de los principios básicos de lo que es y supone la Institución para el conjunto de la sociedad.

Asimismo, CCOO extiende la preocupación al conjunto de la sociedad, ya que la desinversión en las Universidades Públicas reducirá el retorno de inversión de cientos de millones de euros en cada provincia, desacelerando su desarrollo social, cultural, técnico y productivo. Además, la desinversión en lo público promueve la entrada de universidades privadas, fábricas de títulos para quienes los puedan pagar.

En este sentido, Molina añade que “no es precisamente este el modelo de universidad que necesita Andalucía, región que está a la cola en empleo en la Unión Europea y a la que esta crisis azotará con más intensidad. Las posibilidades de que los hijos de las familias andaluzas puedan acceder a la universidad y así progresar, se reducen drásticamente con este modelo que deja las profesiones más cualificadas, con mayor estabilidad y mejores sueldos, y que requieren niveles de estudios superiores, solo al alcance de las familias más favorecidas económicamente”.

“CCOO considera que esta situación actual que amenaza a las universidades públicas andaluzas es particularmente grave, por lo que exige, una vez más, a la Junta de Andalucía y a los rectores y las rectoras la convocatoria de la Mesa General de Universidades en Andalucía. En caso contrario, el sindicato iniciará las movilizaciones que sean necesarias para defender la universidad pública, a sus trabajadores y trabajadoras y a la sociedad en su conjunto”, finaliza Molina.

El pasado día 18 de mayo se retomó el periodo de presentación de solicitudes de admisión de alumnado en los centros educativos andaluces. A pesar de la situación de pandemia que estamos viviendo, CCOO denuncia que la Consejería de Educación no ha contemplado medidas que garanticen el distanciamiento físico.

Para el secretario General del Sindicato Provincial de Enseñanza de CCOO de Córdoba, Antonio Sánchez, “es imprescindible planificar la ratio del próximo curso para que la actividad lectiva no se vea dificultada por la situación sanitaria que vivimos, ya que desconocemos cuándo será posible volver a la absoluta normalidad”.

Además de exigir esta necesaria planificación, CCOO denuncia que la Consejería de Educación está notificando el cierre de unidades escolares de tres años para el próximo curso siguiendo criterios ordinarios, obviando que nos encontramos ante una nueva realidad, y procediendo, incluso, al cierre de centros escolares por falta de alumnado, cuando el gran problema para garantizar el distanciamiento físico es disponer de espacios educativos y de personal.

Por ello, Sánchez exige que la Consejería de Educación “proceda a modificar, en trámite de urgencia, la ratio de los escolares por aula para garantizar el distanciamiento físico”. Dicha ratio, según el sindicato, debe ser, tal como se apunta desde distintos ámbitos, de 15 escolares por aula, debiendo definir igualmente la ratio de atención del profesorado de Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje y el número máximo de escolares con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo matriculado en un aula ordinaria.

En consecuencia, para CCOO, la planificación del próximo curso es esencial en esta crisis sanitaria por lo que exige a la Consejería de Educación eficacia, compromiso y prontitud en la toma de medidas que eviten perjudicar a la población más vulnerable, que apoye la labor docente y educativa del profesorado y de los trabajadores y trabajadoras de la educación, y que garantice el distanciamiento físico, tal como se exige en otros ámbitos para evitar que vuelva a producirse la actual improvisación.

“Ante estas circunstancias, es urgente generar un marco negociador con los representantes legales de los trabajadores en un clima de consenso y diálogo, el mismo que el Gobierno de Andalucía exige a otras Administraciones,” finaliza Sánchez.