El Sindicato Provincial de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Córdoba ha solicitado a la Delegación Territorial de Salud y Familias de la Junta en Córdoba que se habiliten y se pongan a disposición del personal de los sectores de Sanidad y Sociosanitario alojamientos hoteleros durante la crisis sanitaria del COVID-19.

“Desde que se dio la alerta de la incidencia del COVID-19, CCOO ha venido instando a las administraciones competentes a que faciliten alojamientos a los trabajadores y trabajadoras que lo soliciten, priorizando a los y las que conviven con personas de alto riesgo”, explica el secretario General del mencionado sindicato provincial, José Damas, quien indica que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) ya aceptó la propuesta de CCOO de poner a disposición del personal del SAS y de las agencias públicas y fundaciones dependientes funcionalmente de la Consejería de Salud y Familias alojamientos hoteleros tanto para el personal contratado que viene desplazado de su domicilio habitual como para el que opta por estar fuera del domicilio habitual en estas circunstancias sanitarias para evitar contagios a familiares o personas convivientes. Ahora, es cada Delegación Territorial la que debe establecer cuanto antes el procedimiento para acogerse a esta oferta y concretar las plazas disponibles.

Damas remarca que “con esta medida se favorece que estos y estas profesionales, altamente expuestos al coronavirus, no pongan a sus familias en situación de riesgo de contagio, al mismo tiempo que se les protege de posibles contagios en sus domicilios habituales”.

En este sentido, Damas insiste en que “ahora, más que nunca, hay que proteger a los trabajadores y las trabajadoras del sector para blindar el buen funcionamiento del sistema frente a esta crisis sanitaria”.

Además, el responsable sindical remarca que “son muchos los y las profesionales tanto de la sanidad como de la dependencia que piden no tener que volver a sus domicilios tras su jornada laboral” y “teniendo en cuenta que muchos establecimientos hoteleros han quedado sin actividad, no habría problemas para acogerlos”.

Por ello, el sindicato ha reclamado a la Delegación de Salud y Familias de Córdoba que comunique las actuaciones que está llevando a cabo así como la gestión y procedimiento para poner a disposición de los y las profesionales de la sanidad alojamientos hoteleros en nuestra provincia. Asimismo, CCOO reclama que se establezca un protocolo similar para el personal del sector sociosanitario.

“Lo importante en estos momentos es proteger a las personas desempleadas, especialmente, a aquellas que no reciben ninguna prestación”, ha remarcado la secretaria General de CCOO de Córdoba, Marina Borrego, tras conocer las cifras del paro de Córdoba en marzo, que arrojan una subida del desempleo en 12.327 personas, alcanzando así las 84.110 personas desempleadas en la provincia.

La fuerte subida del paro en marzo era esperada por la situación de alarma en la que nos encontramos pero no por ello CCOO deja de advertir de la importancia de garantizar unos ingresos mínimos para las personas que se han visto afectadas por la inesperada situación socio-económica sobrevenida. “No podemos perder de vista que, de las 84.110 personas desempleadas registradas, el 26,6% no cobran ninguna prestación por desempleo y son estas personas, 22.381 en la provincia, las que más nos preocupan en estos momentos y para las que pedimos medidas extraordinarias, en especial, la agilización de la tramitación de la renta mínima de inserción”, apuntó Borrego.

Igualmente, CCOO pone el acento en que son las personas trabajadoras con contratos temporales las más afectadas por esta situación extraordinaria. Baste mencionar que solo se han registrado 81 contratos indefinidos menos que en el mismo mes del año pasado, es decir, que el grueso de la bajada de la contratación ha afectado a los contratos temporales, que han sido los primeros en ser reducidos ante las restricciones impuestas por la crisis sanitaria. “CCOO viene advirtiendo hace mucho tiempo del excesivo porcentaje de contratación temporal en la provincia que ahora nos hace más vulnerables ante la nueva crisis económica”, comentó la responsable sindical.

CCOO espera que las medidas que ha venido aprobando el Gobierno puedan paliar en parte la situación de las miles de personas que han perdido su empleo a causa de la pandemia del COVID-19. “En cualquier caso vamos a estar vigilantes para evitar abusos por parte de las empresas y denunciaremos los abusos que se puedan cometer aprovechando esta situación excepcional en la que nos encontramos y que esperamos que acabe pronto”, recalcó la secretaria General quien criticó que “no se permita a los sindicatos personarse en los ERTE para defender los derechos de los trabajadores y trabajadoras”.

CCOO ve inadmisible que ninguna de las 100.000 mascarillas adquiridas por la Consejería de Justicia llegue a los centros de internamiento de menores infractores. De hecho, para CCOO es incomprensible que la Consejería de Justicia publique en su página web que ha adquirido 100.000 mascarillas y 3.000 litros de gel hidroalcohólico para los juzgados andaluces, y que los trabajadores y trabajadoras de los centros de menores infractores, dependientes de esta Consejería, estén trabajando sin medidas de protección alguna porque alguien ha decidido que allí no hacen falta.

Según el sindicato, desde el comienzo de la crisis del coronavirus los trabajadores y trabajadoras de los centros de internamiento de menores infractores en Andalucía están desempeñando su trabajo, como servicio esencial que son, dando lo mejor de su esfuerzo, compromiso y profesionalidad en esta situación tan excepcional para todos y, además, en el absoluto anonimato social y mediático, sin una sola queja.

El sindicato recalca que han articulado todas las medidas educativas y de seguridad a su alcance para garantizar el mantenimiento del servicio y que la incidencia de las medidas de prevención y confinamiento en unos usuarios y usuarias con un perfil tan específico, como son los y las menores infractores, a día de hoy sea prácticamente nula.

En cambio, CCOO denuncia que la Administración andaluza está teniendo una respuesta casi inexistente para con estos centros y ni siquiera ha aplicado las medidas que establece la Orden SND/275/2020, de 24 de marzo, publicada por el Gobierno central en relación a la prioridad en los servicios públicos esenciales de la realización de los test PCR para trabajadores y usuarios así como la garantía de suministro de EPIs (Equipos de Protección Individual). 

Por otra parte, CCOO critica que la Administración tampoco ha diseñado ningún protocolo específico para afrontar la posibilidad de contagio en estos centros que dadas sus características (son establecimientos especializados para la ejecución de medidas privativas de libertad y medidas cautelares de internamiento impuestas por los juzgados de menores); hacen necesarias que existan unas instrucciones claras que establezcan cómo y con qué medios se atiende sanitariamente la situación, cómo garantizar el cumplimiento de los mandato judiciales en situaciones extremas de falta de personal y/o contagios, qué medidas excepcionales se pueden articular dentro de la Ley 5/2000 de responsabilidad penal del menor que garanticen la salud de las personas usuarias y trabajadoras, y el cumplimiento de las medidas judiciales de los y las menores.

Ante esta situación, CCOO ha reclamado a la Consejería de Justica que comience a tomar decisiones operativas para estos centros y, de manera prioritaria y en la mayor brevedad posible, haga llegar a los centros el material de prevención que ha adquirido.

Ante la nota informativa remitida por la Consejería de Educación y Deporte sobre la subvención a las escuelas y centros de educación infantil adheridos como medida para mantener el empleo de las trabajadoras del sector, CCOO exige a la Junta de Andalucía hacer un esfuerzo económico realista para al mantenimiento de estas escuelas y que sea una solución al sostenimiento del empleo en las mismas.

El secretario General del Sindicato Provincial de Enseñanza de CCOO de Córdoba, Antonio Sánchez, indica que “los 180,20 euros no permiten atender todas las casuísticas que hay, puesto que es preocupante la situación que se puede dar en zonas desfavorecidas, bien económicamente, bien por motivos de población”. Desde el sindicato se considera más justo y equilibrado que el reparto de las cantidades de la subvención se hiciese en función de la cantidad de personal que atiende los centros, en lugar de tomar el número de alumnado para hacer el cálculo.

Por otro lado, “la devolución de la parte proporcional de las cuotas del mes de marzo ha generado incertidumbre en un sector que estaba esperando conocer instrucciones, plazos y cantidades a aportar a través de la anunciada subvención para el mantenimiento del empleo”, señala Sánchez.

Así, desde el sindicato se entiende que las familias no tienen por qué abonar todo el servicio, puesto que la parte asistencial no se está dando --aunque el personal de las escuelas infantiles de Andalucía sigue trabajando mano a mano con las familias, por medio de fichas, canciones, recursos, consejos, entre otros, con el fin de seguir contribuyendo al crecimiento de los pequeños en una etapa fundamental para su desarrollo--, pero la Consejería debería haber dado ya respuesta a todas las demandas que desde CCOO y desde las patronales se vienen haciendo desde que se decretó el actual Estado de Alarma, que dejó con un futuro incierto a 1.800 centros de educación infantil de 0-3 años y  más de 10.000 empleos en Andalucía -158 en Córdoba con cerca de 1.000 empleos.

Por ello, CCOO exige a la Administración que no engañe, y que las cantidades aportadas sean reales y eviten despidos, ERTES o reducciones de jornada, en un sector tan sensible y débil.

Por último, CCOO apela a la responsabilidad del Consejero de Educación y Deporte, pues “esta Administración no puede dejar en la cuneta a cientos de escuelas infantiles que están prestando un servicio público tan importante a la sociedad andaluza”, apostilla Sánchez.

Se han instalado 56 mamparas de protección en las Áreas de Urgencias, en las Admisiones y en las Centralitas de todos sus centros, así como bandas adhesivas de suelo marcando distancia de seguridad

Los hospitales de la Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir han aumentado las medidas de protección dirigidas a profesionales y a ciudadanía en las zonas de atención directa de dichos centros -los comarcales de Andújar y Montilla, así como los de Alta Resolución de Sierra de Segura, Alcaudete, Alcalá la Real y Sierra de Cazorla, en Jaén, y Puente Genil y Valle del Guadiato, en Córdoba. En concreto, se han instalado mamaras de protección en las Áreas de Urgencias, en las Admisiones y en las Centralitas de estos centros hospitalarios, además de cintas adhesivas para preservar la distancia de seguridad de 1,5 metros recomendado por las autoridades sanitarias.

En total han sido un total de 56 mamparas, repartidas de la siguiente forma: 12 en el Hospital Alto Guadalquivir, 10 en el Hospital de Montilla, 8 en el Hospital Sierra de Segura, 4 en el Hospital de Puente Genil, 7 en el Hospital de Alcaudete, 5 en el Hospital Valle del Guadiato, 7 en el Hospital de Alcalá la Real, y 3 en el Hospital Sierra de Cazorla.

Los mismos puestos se han reforzado con la colocación de bandas adhesivas de seguridad en el suelo a una distancia de 1,5 metros de todos estos puntos de atención directa y, una segunda banda, a 1 metro de la anterior.

Estas medidas preventivas son complementarias a las establecidas por la Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir de la reorganización de la actividad asistencial y la limitación de la presencia al mínimo de pacientes y usuarios y, en consecuencia, asegurar la salud y las condiciones laborales de todos sus trabajadores y trabajadoras.

Desde la semana pasada, además, se ha están aplazando -o incluso de suspenden si fuera necesario- las citas presenciales de consulta programada de revisión que no sean oncológicas, sustituyéndolas en la medida de lo posible por consultas no presenciales (vía telefónica). Para ello, se puede llamar a Salud Responde (955 54 50 60), o a los siguientes teléfonos: Hospital Alto Guadalquivir - 953 021 569; Hospital de Montilla – 957 022 670; Hospital de Alta Resolución Sierra de Segura – 953 499 004; Hospital de Alta Resolución de Puente Genil – 957 615 002; Hospital de Alta Resolución de Alcaudete – 953 368 207; Hospital de Alta Resolución Valle del Guadiato – 957 579 028; Hospital de Alta Resolución de Alcalá la Real – 953 599 005; y Hospital de Alta Resolución Sierra de Cazorla – 953 001 110.

La reordenación de la actividad es constante y se hace en base a las medidas establecidas por el Ministerio de Sanidad y la Consejería de Salud y Familias para los centros hospitalarios, además de seguir las directrices que marca el plan de contingencia de cada uno de los centros, en constante actualización para adaptarse a la evolución de la situación epidemiológica.

Asimismo, la Dirección Gerencia de este distrito sanitario recuerda la importancia de la colaboración de la ciudadanía en el buen uso de las líneas de teléfonos llamando al 900.400.061 para consultar por sintomatología asociada al coronavirus, al 955.5454060 (Salud Responde) o a su centro de salud para solicitar cita y, al 061 o al 112, solo en los casos de emergencia sanitaria.

Estas medidas buscan proteger a los pacientes y a los profesionales ante la previsible expansión en el número de casos de infección por COVIC-19 que se pueda producir en los próximos días y a fin de evitar una exposición innecesaria a la ciudadanía en un centro sanitario.

La Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir recuerda la importancia del mensaje “ante el coronavirus, quédate en casa”. Igualmente, agradece a los profesionales su gran esfuerzo y quiere lanzar un mensaje a la población, transmitiéndoles que el personal continúa desarrollando su labor para seguir velando por su salud, estando a su disposición además para solventar dudas que puedan tener con respecto a sus gestiones clínicas ya iniciadas en los teléfonos anteriormente indicados.

La Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir, -que gestiona los hospitales comarcales de Andújar y Montilla, así como los de Alta Resolución de Sierra de Segura, Alcaudete, Alcalá la Real y Sierra de Cazorla, en Jaén, y Puente Genil y Valle del Guadiato, en Córdoba-, ha puesto en marcha un circuito para canalizar todas las iniciativas de colaboración que, de forma desinteresada, están llegando a sus centros por parte de ciudadanos anónimos, instituciones y entidades de diverso tipo buscando con ello ayudar a los profesionales de dichos centros en la situación excepcional que vive el país ante la propagación del COVID-19.

El objetivo de este circuito es reconducir dichos esfuerzos y donaciones hacia los canales oficiales, evitando con ello situaciones que puedan generar alarmas injustificadas, donación de material de protección no válido o incluso situaciones de fraude económico.

Será la Subdirección de Servicios Generales y Aprovisionamiento de la Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir la que canalice todas las ayudas. Para ello, se ha habilitado un correo electrónico, de uso preferente, donde los interesados se pueden dirigir: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.. Igualmente, se puede llamar al teléfono 953 021 400, indicando que el motivo de la llamada es una donación.

La Dirección Gerencia de la Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir quiere trasladar su más sincero agradecimiento a toda la ciudadanía que se está volcando con sus centros y con el sistema sanitario en general, instándola a que esa colaboración se pueda realizar de una forma organizada para que realmente llegue a los profesionales con todas las garantías de seguridad.

Apelando a este sentido de la responsabilidad, la Agencia Sanitaria ha recalcado también que cualquier iniciativa que previamente no cuente con la autorización expresa de dicha Subdirección, no deberá llevarse a cabo ni por los profesionales adscritos a cualquiera de sus centros ni por cualquier otra persona o entidad extrahospitalaria. Tampoco se recepcionará ningún tipo de material sin tener la citada autorización.

Desde la Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir también se quiere aprovechar para dar las gracias a todos los profesionales de sus centros hospitalarios por el gran trabajo y el enorme esfuerzo que están realizando en estos momentos tan difíciles.

La Red de Madres y Padres Solidarios (ReMPS) denuncia las múltiples trabas que encuentran muchas personas afectadas por una enfermedad rara para acceder a los denominados “medicamentos huérfanos” que son aquellos que sirven para diagnosticar, prevenir o tratar enfermedades o desórdenes que amenazan la vida o que son muy serias y que son raros.

La ReMPS recuerda que, en Europa, se considera que una enfermedad o desorden es raro cuando afecta a menos de 1 persona entre 2.000. Atendiendo a esta escala, en Córdoba existen unas 40.000 personas afectadas por patologías raras, una cifra que supera las 600.000 en Andalucía.

Para las farmacéuticas, el desarrollo de estos medicamentos no es rentable, por lo que se suelen desarrollar con incentivos económicos públicos o de organizaciones relacionadas con las enfermedades raras. “A la escasez de medicamentos se une el desconocimiento de los médicos, que en muchos casos ni siquiera conocen la existencia de estos medicamentos o su posible aplicación para enfermedades para las que no están específicamente indicadas”, explica el presidente de la ReMPS, Francisco Ureña.

“En otros casos vemos que el motivo por el que no se recetan estos medicamos no es clínico, sino económico. Suelen ser medicamentos bastante caros y los servicios públicos de salud solo los proporcionan en casos muy determinados. Esto supone, en la práctica, que miles de personas no están accediendo a medicamentos que si bien no pueden curarles, si pueden ralentizar el desarrollo de su enfermedad o minimizar sus efectos”, continúa Ureña.

Además, dada la falta de medicamentos para muchas de estas patologías, es fundamental facilitar el acceso a estos medicamentos huérfanos a enfermos incluso cuando no están específicamente indicados para ellos. Es lo que se denomina uso compasivo de medicamentos. Este es el caso de un menor cordobés que lleva años luchando por acceder a un medicamento desarrollado en Estados Unidos y que la propia farmacéutica reconoce que se le puede aplicar.

“La familia se encuentra una y otra vez con trabas administrativas. El hospital ha evitado durante casi dos años emitir un informe fundamental para poder continuar con la causa y la Justicia se ha eximido hasta ahora basándose en la falta de este informe”, relata el responsable de la ReMPS.

Esta familia decidió luchar por el medicamento para su hijo en los tribunales después de intentarlo infructuosamente con los médicos que atienden al niño pero otras muchas, por falta de medios económicos, renuncian a esta posibilidad y se resignan a ver morir a su familiar enfermo, la mayoría de ellos niños, cuando con uno de estos medicamentos quizá pueda ralentizar el curso de la enfermedad.

La ReMPS denunció ante el Defensor del Pueblo Andaluz esta situación, que afecta a miles de personas, pero dado que cada caso es diferente, “la Defensoría solicitó información de cada caso individualmente y muchas familias no tienen recursos o capacidad para presentar toda la información que les solicitan, y al final seguimos en la misma situación: Personas que no reciben un medicamento que podría ayudarles y al que tienen derecho”, recalca Francisco Ureña.

Por ello, la ReMPS vuelve a hacer un llamamiento a las autoridades sanitarias, para que difundan entre los facultativos que habitualmente atiende a personas con enfermedades raras la existencia de estos medicamentos y autorice el uso compasivo de medicamentos aunque el coste de los mismos sea muy superior al de medicamentos para enfermedades comunes “porque estos enfermos tienen los mismos derechos sanitarios y no se puede permitir que haya enfermos de primera categoría y enfermos de segunda”, apuntilla Ureña.

En relación con la actual situación de alarma, el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, ha realizado, este domingo, declaraciones públicas en las que afirmó, en relación al curso escolar, que “se ampliarán los plazos que se tengan que ampliar para que todos los alumnos y alumnas de Andalucía puedan acabar sus cursos en cualquier etapa (…) se adaptarán también, en este caso, los tiempos para que todo el mundo pueda acabar con normalidad y si, en vez de acabar el curso el 20 de junio, tiene que acabar el 20 de julio, pues no pasará nada, estaremos un mes más estudiando”.

Ante estas declaraciones, el secretario General de la Federación de Enseñanza de CCOO Andalucía, Diego Molina, “denuncia que con estas palabras se da a entender que el profesorado no está impartiendo docencia durante esta crisis”. A ello, añade Molina, “el profesorado está  trabajando arduamente por ofrecer formación online a su alumnado con sesiones telemáticas a través de plataformas virtuales, ofrece atención personalizada con contactos individuales y colectivos, a ellos o a sus familias, facilita el estudio personal, corrige las tareas y atiende a sus escolares con una gran dedicación y profesionalidad, en numerosas ocasiones por encima de su horario de trabajo y con un enorme estrés para lograr que sus estudiantes puedan promocionar”.

Además, según Molina, “estas declaraciones desmotivan al alumnado y a sus familias que están realizando un importante esfuerzo a diario, pudiéndose pensar que este esfuerzo no será necesario y que podrá compensarse con un eventual aumento del calendario escolar tras el confinamiento”.

Igualmente, para CCOO, no es aceptable que se hable de prorrogar el curso escolar dando a entender que no se está impartiendo docencia, pues el profesorado está haciendo un gran esfuerzo por adaptarse al gran reto que supone la formación online, incluso mediante formación para su actualización, dedicando más tiempo que el ordinario, algo que con esta declaraciones no solo no se reconoce, sino que incluso se cuestiona.

Desde CCOO se insta al gobierno andaluz a que actúe defendiendo el sistema educativo público andaluz, valorando la labor del profesorado con medidas en positivo, tales como cubrir al profesorado de baja, “algo que se está ahorrando la Consejería de Educación aprovechando esta crisis sanitaria”.

En este sentido, CCOO denuncia que se está obligando al profesorado a que atienda, además, a alumnado cuyos docentes se encuentran de baja, haciendo imposible una adecuada atención.

“Lo que debe hacer el vicepresidente es informarse sobre el trabajo que está realizando el profesorado andaluz, ordenar que de manera inmediata se sustituya a aquel que se encuentre de baja, desarrollar políticas que erradiquen que el 5% de población sufra la brecha digital y dejar de hacer declaraciones ocurrentes poco factibles que sólo vienen a cuestionan la labor docente y a desmotivar al alumnado y a sus familias”, finaliza Molina.

“¡Qué pena que las enfermedades raras no sean contagiosas!”, es el lamento de muchas personas y familias de personas afectadas por enfermedades raras, que denuncian el abandono al que se ven sometidas y que se ha agravado por la pandemia del COVID-19 que, atendiendo a las cifras actuales, es también una enfermedad rara. “Han suspendido la rehabilitación y, en muchos casos, los servicios de dependencia, que son fundamentales para la mayoría de estos enfermos y sus familias”, señala el presidente de la Red de Madres y Padres Solidarios (ReMPS), Francisco Ureña.

“Las familias están dolidas. Ven los grandes esfuerzos que se están haciendo por acabar con el coronavirus, las grandes inversiones en investigación, saltándose incluso los trámites legalmente establecidos, mientras que la inversión en investigación de enfermedades raras es mínima y eso que solo en la provincia de Córdoba son más de 40.000 las personas afectadas”, explica Ureña.

En este sentido, la ReMPS señala que para las familias es muy duro ver cómo todo el sector sanitario, las distintas administraciones y gobiernos se vuelcan en desarrollar una vacuna y medicamentos contra el COVID-19, mientras las personas que sufren una enfermedad rara no cuentan, en la inmensa mayoría de ellas, con tratamiento alguno.

De hecho, las personas afectadas por una enfermedad rara encuentran múltiples trabas para acceder a los denominados “medicamentos huérfanos” que son aquellos que sirven para diagnosticar, prevenir o tratar enfermedades o desórdenes que amenazan la vida o que son muy serias y que son raros.

La ReMPS recuerda que, en Europa, se considera que una enfermedad o desorden es raro cuando afecta a menos de 1 persona entre 2.000. Atendiendo a esta escala, en Córdoba existen unas 40.000 personas afectadas por patologías raras, una cifra que supera las 600.000 en Andalucía.

Para las farmacéuticas, el desarrollo de estos medicamentos no es rentable, por lo que se suelen desarrollar con incentivos económicos públicos o de organizaciones relacionadas con las enfermedades raras, “unos incentivos que son pírricos. La Junta de Andalucía destinó a investigación sobre enfermedades raras en las anualidades 2018 y 2019 solo 21.450 euros. Una cantidad que la propia ReMPS ha superado con creces, con 113.540 euros entregados a distintos proyectos”, recuerda el responsable de la asociación.

“A la escasez de medicamentos se une el desconocimiento de los médicos, que en muchos casos ni siquiera conocen la existencia de estos medicamentos o su posible aplicación para enfermedades para las que no están específicamente indicadas”, explica el presidente de la ReMPS, Francisco Ureña.

“En otros casos vemos que el motivo por el que no se recetan estos medicamos no es clínico, sino económico. Suelen ser medicamentos bastante caros y los servicios públicos de salud solo los proporcionan en casos muy determinados. Esto supone, en la práctica, que miles de personas no están accediendo a medicamentos que si bien no pueden curarles, si pueden ralentizar el desarrollo de su enfermedad o minimizar sus efectos”, continúa Ureña.

Además, dada la falta de medicamentos para muchas de estas patologías, es fundamental facilitar el acceso a estos medicamentos huérfanos a enfermos incluso cuando no están específicamente indicados para ellos. Es lo que se denomina uso compasivo de medicamentos. Este es el caso de un menor cordobés que lleva años luchando por acceder a un medicamento desarrollado en Estados Unidos y que la propia farmacéutica reconoce que se le puede aplicar.

“La familia se encuentra una y otra vez con trabas administrativas. El hospital ha evitado durante casi dos años emitir un informe fundamental para poder continuar con la causa y la Justicia se ha eximido hasta ahora basándose en la falta de este informe”, relata el responsable de la ReMPS.

Esta familia decidió luchar por el medicamento para su hijo en los tribunales después de intentarlo infructuosamente con los médicos que atienden al niño pero otras muchas, por falta de medios económicos, renuncian a esta posibilidad y se resignan a ver morir a su familiar enfermo, la mayoría de ellos niños, cuando con uno de estos medicamentos quizá pueda ralentizar el curso de la enfermedad.

La ReMPS denunció ante el Defensor del Pueblo Andaluz esta situación, que afecta a miles de personas, pero dado que cada caso es diferente, “la Defensoría solicitó información de cada caso individualmente y muchas familias no tienen recursos o capacidad para presentar toda la información que les solicitan, y al final seguimos en la misma situación: Personas que no reciben un medicamento que podría ayudarles y al que tienen derecho”, recalca Francisco Ureña.

Por ello, la ReMPS vuelve a hacer un llamamiento a las autoridades sanitarias, para que difundan entre los facultativos que habitualmente atiende a personas con enfermedades raras la existencia de estos medicamentos y autorice el uso compasivo de medicamentos aunque el coste de los mismos sea muy superior al de medicamentos para enfermedades comunes “porque estos enfermos tienen los mismos derechos sanitarios y no se puede permitir que haya enfermos de primera categoría y enfermos de segunda”, apuntilla Ureña.

CCOO considera que los cuerpos y fuerzas de seguridad de la policía son un servicio público esencial que trabaja con la población y que la profesión policial está, en la actual situación crítica, en primera línea ante las devastadoras consecuencias que está produciendo esta nueva enfermedad del coronavirus. Desde el sindicato exigimos al Gobierno central que sea coherente y clasifique a todas las fuerzas y cuerpos de seguridad como personal de alto riesgo, ya que es lógico que debamos proteger a quienes nos protegen.

Desde la declaración del estado de alarma decretado el pasado día 14 de marzo, los distintos cuerpos de policía local y fuerzas de seguridad del Estado (Policía autonómica, Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil y Ejército) están asumiendo con abnegado compromiso y responsabilidad el alto riesgo, al que de forma continuada se exponen todos los días y trabajan con empeño y sacrificio para frenar la expansión del coronavirus y proteger así a la población, ha resaltado CCOO.

El sindicato piensa que sin una policía segura no se puede garantizar la seguridad de la ciudadanía y si los policías y las policías no están protegidos y cuentan con todos los medios de protección individual necesarios para desarrollar el trabajo en plenas garantías de seguridad y salud no se puede proteger a la ciudadanía. Ningún policía tiene el don de la adivinación y, en este sentido, desconocen el estado de salud de la persona que tienen enfrente y si esta persona está contagiada y, por ende, puede contagiar al interlocutor y continuar con la cadena de contagio. Por ello, CCOO emplaza al Gobierno a que dé el paso y, como mando único del conjunto de la seguridad pública de España en estos momentos, proporcione de manera urgente al conjunto de policías todos los medios de protección individual (mascarillas, gafas, guantes...) para que puedan ejercer sus funciones con las máximas garantías.

CCOO recuerda que en Córdoba y su provincia prestan servicio más de 3.000 policías de los distintos cuerpos y fuerzas de seguridad, por tanto, pedimos que se refuerce la limpieza diaria de las instalaciones de los distintos cuerpos de policía, donde diariamente acuden al puesto de trabajo. Igualmente, la central sindical advierte que los agentes de la Policía trabajan en turnos y que, si se detecta un positivo, es el turno entero de profesionales el que debe quedarse en cuarentena. Asimismo, señala que es esencial la seguridad de este grupo de profesionales y de la ciudadanía a la que asisten para poder seguir combatiendo la pandemia, por lo que es necesario extremar las medidas preventivas entre los funcionarios de la Policía, máxime cuando se prevé un repunte de casos durante los próximos días. Por ello, es necesario proteger a los cuerpos de policía para poder proteger el servicio público de seguridad para la ciudadanía, ya que, “Sin Seguridad No Hay Libertad”, ha destacado el Sindicato.